Los Cinco y las campañas de odio en EE.UU.

La Habana - Las denuncias de campañas mediáticas del gobierno de Estados Unidos para condenar a cinco antiterroristas cubanos detenidos en ese país en 1998, y el incremento de la lucha internacional por su liberación marcaron este año los principales acontecimientos en torno al caso.

 

Al cerrar la VII Legislatura del Parlamento, su presidente, Ricardo Alarcón, explicó que hace varios años Washington diseñó una cruzada para crear un ambiente hostil que facilitara sentenciar a los cubanos, quienes daban seguimiento en el país norteño a grupos terroristas radicados en Miami.

 

Los Cinco, como se conoce a Ramón Labañino, Fernando González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y René González, fueron víctimas del uso de algunos medios de prensa para condenarlos de antemano en Miami y

 

posteriormente para silenciar el caso, recordó el líder parlamentario.

 

"Washington quiere sepultar las pruebas de la profunda injusticia contra Gerardo (Hernández), castigado a doble cadena perpetua más 15 años, y la

 

farsa judicial de un proceso lleno de "pruebas" ocultas o manipuladas", subrayó.

 

Martin Garbus, abogado de Gerardo, había presentado un nuevo recurso (disponible en www.thecuban5.org) que declara el juicio violatorio de la Ley Fundamental "por lo cual debiera declararse nulo, y él y sus compañeros puestos en libertad".

 

Según ese recurso de la defensa, hay documentos que muestran que el gobierno estadounidense pagó a una gran cantidad de periodistas para que publicaran artículos negativos acerca de Gerardo y sus compañeros.

 

El documento legal declara que la "secreta subversión por parte del gobierno (de Estados Unidos), de los medios impresos, radiales y televisivos con el fin de obtener una condena no tiene precedentes", y "violó la integridad del juicio y la cláusula de Debido Proceso de la Constitución".

 

Garbus argumenta, además, que "el Gobierno, por medio de millones de dólares en pagos ilegales y al menos mil artículos publicados durante un período de seis años, se inmiscuyó en el juicio y convenció al jurado para que declarara culpables a los acusados. "La condena debe ser anulada", afirmó.

 

Sin embargo, Washington se niega a entregar las pruebas, mientras las campañas internacionales en el 2012 han estado enfrascadas en presionar a la Casa Blanca a mostrar todas las evidencias que oculta y poner en libertad a los antiterroristas, cuando la batalla legal está a punto de concluir.

 

En septiembre -cuando se cumplieron 14 años de los encarcelamientos- muchas voces se levantaron a favor de la liberación.

 

Mensajes a través de las redes sociales, cartas al presidente estadounidense Barack Obama, marchas, conferencias, anuncios en la prensa y vallas con la imagen de Los Cinco en importantes ciudades del mundo fueron algunas de las acciones emprendidas.

 

Este año, además, en Washington se realizó la jornada Cinco días por los Cinco, en la cual se visitaron oficinas de más de 40 senadores y congresistas para informarlos sobre el caso, iniciativa a la que se sumaron varios países enviando cartas en reclamo de la liberación.

 

Asimismo, en noviembre se celebró en la oriental provincia cubana de Holguín el tradicional coloquio internacional por la libertad de los antiterroristas, al que asistieron activistas de 47 países.

 

El foro, en su octava edición, pasó revista a las acciones acordadas en el 2011, así como trazó nuevas estrategias para sumar voces y llevar con más fuerza el caso a la opinión pública, sobre todo a la estadounidense.

 

Parlamentarios cubanos y de otros países, presidentes, premios Nobel, líderes religiosos, instituciones defensoras de los Derechos Humanos, organismos internacionales y unas 350 organizaciones solidarias con Cuba, entre otros, también reforzaron sus reclamos de excarcelación.

 

LA ARBITRARIEDAD DEL PROCESO

 

Los Cinco fueron apresados en 1998 por seguir el accionar de grupos violentos anticubanos asentados en el sur de la Florida, y condenados allí a severas penas de cárcel.

 

El prestigioso abogado chileno Juan Guzmán, quien tuvo a su cargo casi un centenar de querellas contra el dictador Augusto Pinochet, aseguró que el juicio en Estados Unidos carece de todo sustento.

 

En entrevista con Prensa Latina, el exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile aseguró conocer muy bien el expediente judicial de los cubanos y se pudo percatar "de que en el fondo, con meras apreciaciones, se maquilló un delito que nunca existió".

 

"Inventaron un cargo, el de haber puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, algo que los propios militares estadounidenses desmintieron en la vista oral", precisó Guzmán, quien asistió en el 2007 como observador al proceso presentado por los abogados de la defensa en la Corte de Apelaciones de Atlanta.

 

En el juicio, que comenzó en el otoño del 2000 y se extendió siete meses, expertos como el entonces jefe del Comando Sur, general Charles Whilhem, y el general retirado Edgard Atkinson, el almirante Eugene Carol, el coronel George Busckner e, incluso, el exdirector de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, James Clapper, negaron que los cinco tuvieran acceso a datos clasificados o secretos.

 

"Y eso me llamó mucho la atención, que los jueces fallaran en contra de ese dictamen, cuando miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos dijeron que, en ningún momento, la actuación de ellos significó un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos", comentó el jurista.

 

La acusación principal contra ellos, como reconocieron los fiscales y el juez desde el acta acusatoria hasta el último día del juicio, fue que habían, pacíficamente, sin armas, penetrado grupos terroristas anticubanos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales; sin embargo, todo el tiempo fueron tratados por la prensa de Miami como espías y como tales fueron sentenciados.

 

Después de una minuciosa revisión de los documentos del caso, el 9 de agosto del 2005, un panel de tres jueces de la Corte hizo pública su opinión, un detallado análisis de 93 páginas del juicio y de la evidencia, revirtiendo las condenas, sobre la base de que no recibieron un juicio justo en Miami.

 

Fue ordenado un nuevo juicio, pero en agosto del 2006 el pleno de esa Corte revirtió la decisión.

 

Finalmente, recibieron condenas que van desde 15 años hasta doble cadena perpetua más 15 años, esta última impuesta a Gerardo Hernández.

 

René González fue liberado tras cumplir la sanción, pero está obligado a permanecer durante tres años en territorio norteamericano, bajo el régimen de libertad supervisada, lo cual activistas consideran un castigo adicional.

 

El jurista confesó que con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca tuvo esperanzas de que dictara una ley de indulto que favoreciera a los cubanos. "Sin embargo, hasta ahora no tomó la decisión", expresó Guzmán.

 

Desde el inicio del encierro, comenzó la ejecución de prácticas consideradas por organismos defensores de derechos humanos como torturas psicológicas, tales como largos períodos de encierro en el hueco, la negativa a ser visitado por familiares y los obstáculos para un juicio y proceso justos.

 

El gobierno estadounidense ha negado de manera reiterada a Olga Salanueva y Adriana Pérez -esposas de René y Gerardo, respectivamente- la visa para encontrarse con ellos.

 

De acuerdo con datos de la isla, más de tres mil 400 cubanos han sido víctimas de actos organizados y financiados en territorio estadounidense, donde operan bajo total impunidad las organizaciones anticubanas que habían penetrado los Cinco.

 

Para académicos como el periodista francés Salim Lamrani, el ensañamiento contra ellos es una venganza contra Cuba por haberse negado a seguir las órdenes de la Casa Blanca desde 1959.

 

El mayor ejemplo es el caso de Gerardo Hernández, condenado a vivir en prisión por un crimen que no existió; por un suceso con el que él no tuvo relación alguna; por una acusación fabricada que los propios fiscales admitieron que no podían probar y habían tratado de retirarla.

 

Y es que a muchos llama la atención el contraste entre la libertad que tienen esos grupos violentos para realizar sus acciones terroristas y la severidad con que se castiga a quienes intentaban preven