¿DESTRUIR A LOS ESTADOS UNIDOS?
Cinco hombres cubanos, más tarde conocidos como los Cinco cubanos, fueron detenidos en Miami, Florida, en septiembre de 1998 bajo 26 acusaciones de violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos. De ellos, 24 son delitos de carácter técnico y son relativamente leves, que incluyen una presunta falsificación de identidad e incumplimiento de registro como agentes extranjeros. Ninguna de las acusaciones los involucra en el uso de armas, en actos violentos o en destrucción de la propiedad.
Los Cinco llegaron a los Estados Unidos procedentes de Cuba tras años de violencia perpetrada por mercenarios armados de la comunidad de exiliados cubanos en la Florida. Durante más de 40 años estos grupos han sido tolerados, e incluso protegidos, por sucesivos gobiernos de Estados Unidos.
Cuba ha sufrido un considerable número de bajas y destrucción de la propiedad. Las protestas de Cuba contra el gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas han caído en el vacío. Luego de la desaparición de los Estados socialistas a principio de los noventa, la violencia aumentó debido al empeño de Cuba por establecer la industria turística. Los mercenarios de Miami respondieron con una violenta campaña para disuadir a los extranjeros para que no visitaran la Isla. Se encontró una bomba en una de las terminales aeroportuarias de La Habana, se colocaron artefactos explosivos en ómnibus y en hoteles. Embarcaciones procedentes de Miami viajaron a Cuba y bombardearon hoteles e instalaciones turísticas.
La misión de los Cinco no era obtener secretos militares estadounidenses, que fue de lo que se les acusó, sino más bien monitorear las actividades terroristas de esos mercenarios e informar de sus planes agresivos a Cuba. El arresto y procesamiento de estos hombres por su valiente intento de detener el terror no fue solo injusto, sino que expuso la hipocresía de la afirmación de Estados unidos de que se opone al terrorismo dondequiera que este aparezca.
Nada revela esto mejor que el contraste entre el manejo del Gobierno de Estados Unidos del caso de los Cinco y el de Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Tanto Bosch como Posada fueron miembros, e incluso líderes, de esa red terrorista de Miami y terroristas confesos, que colocaron una bomba en un avión de Cubana en 1976, que explotó en el aire, asesinando a 73 personas
Cuando Orlando Bosch solicitó residencia legal en Estados Unidos en 1990 una investigación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos examinó sus 30 años de historia criminal dirigida contra Cuba y concluyó que “…durante años él ha estado involucrado en ataques terroristas en el extranjero y ha abogado y se ha involucrado en atentados con bombas y sabotajes.” A pesar de esa conclusión oficial el Presidente de los Estados Unidos, George Bush Sr., le otorgó la residencia legal.
El caso de Posada Carriles no es menos revelador. Un fugitivo de la justicia, “escapó” (con la ayuda de “amigos” poderosos) de una prisión en Venezuela en 1985, donde había sido acusado y procesado, y estaba esperando la decisión de un Tribunal por ser el autor intelectual del atentado en 1976 a un avión civil de Cubana.
Posada ha admitido públicamente en dos ocasiones ser el responsable de una serie de atentados con bombas en 1997 en la Habana, en los cuales fue asesinado un turista italiano y heridas una docena de personas . En el año 2000 fue condenado por un Tribunal panameño por “poner en peligro la seguridad pública” al tener en su poder decenas de libras de explosivo C-4, con la intención de utilizarlas en un acto público en la Universidad con el objetivo de asesinar al Presidente Fidel Castro (junto con el que estarían cientos de otras personas, mayormente estudiantes, que participaron en ese acto). Su larga carrera de violencia y terror es innegable.
Posada, también, sin embargo, recibió la inexplicable hospitalidad del gobierno de Estados Unidos. Su presencia en Estados Unidos, después de un fraudulento perdón por parte de la presidente saliente de Panamá, era un secreto a voces, pero fue puesto bajo custodia de forma reluctante solamente después de haber dado una conferencia de prensa por televisión. En estos momentos se encuentra alojado por las autoridades norteamericanas, no en una prisión, sino en una residencia especial dentro de un centro de detención. No enfrenta ningún proceso judicial, solamente un procedimiento administrativo por no tener los documentos de residencia apropiados, lo cual puede conllevar a su deportación a un país que él escoja. Mientras tanto estados Unidos se ha negado a extraditarlo a Venezuela donde enfrenta cargos relacionados con terrorismo.
Contrasta ese tratamiento con el de los Cinco que fueron arrestados sin resistencia e inmediatamente fueron enviados a celdas de confinamiento solitario reservadas como castigo para los prisioneros más peligrosos, y mantenidos ahí por 17 meses hasta el comienzo del juicio. Cuando el juicio terminó 7 meses más tarde, ellos fueron sentenciados, tres meses después del 11 de septiembre, a penas máximas de prisión, recibiendo Gerardo Hernández una doble cadena perpetua y Antonio Guerrero y Ramón Labañino una cadena perpetua. Los restantes dos, Fernando González y René González, recibieron condenas de 19 y 15 años, respectivamente.
Los Cinco fueron entonces separados en prisiones de máxima seguridad (algunas de las peores en Estados Unidos), cada uno separado cientos de millas del otro, donde permanecen hoy en día. A dos de ellos se les han negado las visitas de sus esposas durante los últimos 7 años en violación de las leyes de Estados Unidos y las normas internacionales. Protestas de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han sido rechazadas.
Los Cinco apelaron inmediatamente sus condenas y sentencias. Su apelación fue ante la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, situado fuera de Florida, en Atlanta, Georgia. Después de una minuciosa revisión de los documentos el caso, el 9 de agosto de 2005, un distinguido panel de 3 jueces de la Corte hizo pública su opinión, un detallado análisis de 93 páginas de del proceso del juicio y de la evidencia, revirtiendo las condenas y las sentencias sobre la base de que los Cinco no recibieron un juicio justo en Miami. Fue ordenado un nuevo juicio. Mas allá de haber hallado que el juicio violó los derechos fundamentales de los acusados, la Corte, por primera vez en la jurisprudencia norteamericana, reconoció la evidencia presentada por la defensa en el juicio revelando que habían tenido lugar acciones terroristas desde la Florida en contra de Cuba, citando incluso en una nota al pie el papel del Sr. Posada carriles y refiriéndose a él correctamente como un terrorista.
Esta decisión del panel dejó atónita a la administración Bush. Miami, con sus 650,000 exiliados cubanos que dieron el margen de victoria a Bush en las elecciones presidenciales del 2000, fue hallada oficialmente por una corte federal de apelaciones tan irracionalmente hostil hacia el gobierno cubano y tan simpatizante de la violencia contra el mismo, que es incapaz de brindar un foro justo para el juicio de estos cinco cubanos. Además, la conducta de los fiscales del gobierno al presentar argumentos exagerados e infundados a los doce miembros del jurado que escucharon y decidieron el caso, exacerbó ese prejuicio, como lo hicieron también los reportes de noticias tanto antes como durante el juicio.
El Fiscal General de Estados Unidos, Alberto González, ex consejero de Bush, entonces tomó la inusual medida de presentar una apelación a los 12 jueces del Onceno Circuito, instándolos a revisar la decisión del 9 de agosto del panel de tres jueces, un proceso que raramente tiene éxito, especialmente cuando los tres jueces estuvieron de acuerdo y expresaron una opinión tan erudita y amplia. Para total sorpresa de muchos abogados que siguen el caso, los jueces del Onceno Circuito estuvieron de acuerdo el 31 de octubre en revisar la decisión del panel. Ese proceso está ahora en marcha.
Merece la pena también señalar que antes de la decisión del 9 de agosto del panel del Onceno Circuito, un panel del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria también concluyó que la privación de libertad de los Cinco era arbitraria y llamó al gobierno de Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para remediar la situación. En otras palabras, no menos de 8 jueces han revisado el proceso que llevó a la condena de los Cinco hasta este momento y los 8 han estado de acuerdo en que sus derechos fundamentales fueron violados.
El acta del juicio de Miami fue enorme. El proceso tomó más de 7 meses para completarse, convirtiéndose en el juicio penal más extenso de los Estados Unidos en ese momento. Más de 70 testigos prestaron declaración, incluidos dos generales retirados, un almirante retirado y un asesor presidencial que trabajó en la Casa Blanca, todos presentados por la defensa . El acta del juicio se extendió a más de 119 tomos de transcripciones, además de los 15 tomos de declaraciones y testimonios utilizados antes del juicio. Se expusieron más de 800 pruebas, entre ellas documentos de hasta 40 páginas. Los doce miembros del jurado, con su presidente expresando abiertamente su desagrado por Fidel castro, emitieron veredictos de culpable en los 26 cargos sin hacer una sola pregunta o solicitar una nueva lectura de los testimonios, hecho que es inusual en un juicio tan extenso y complejo como este.
En las dos acusaciones principales contra ellos se alega una teoría judicial que se utiliza con frecuencia en casos con matiz político: conspiración. Una conspiración es un acuerdo ilegal establecido entre dos o más personas para perpetrar un delito. El delito no tiene que cometerse siquiera; una vez que se establezca el acuerdo, se consuma el delito. Todo lo que la parte acusadora debe hacer es demostrar por medio de una prueba circunstancial que debe haber existido un acuerdo. Rara vez existen pruebas reales y directas de un acuerdo ilegal a no ser que uno de los presuntos participantes entregue pruebas estatales y preste declaración. En un caso político como este, el jurado infiere con frecuencia que hay un acuerdo, sin prueba de un delito, teniendo en cuenta las cuestiones políticas, condición de minoría o la identidad nacional del acusado. Esto es precisamente por qué y cómo se utilizó el cargo de conspiración en este caso.
La primera acusación de conspiración planteaba que tres de los Cinco habían acordado realizar espionaje. Desde el principio el gobierno expresó que no necesitaba probar el cargo de espionaje y que simplemente existía un acuerdo de cometerlo en el futuro. Los medios de difusión no perdieron tiempo en calificar a los Cinco de espías, pero en realidad y según la ley, este no es un caso de espionaje sino un supuesto acuerdo de cometerlo. Por supuesto, al quedar exentos de la responsabilidad de probar que hubo espionaje, los fiscales se empeñaron en convencer a un jurado de Miami de que estos cinco cubanos, que vivían entre ellos, podían haber establecido tal acuerdo.
En su declaración inicial al jurado, el fiscal admitió que los Cinco no tenían en su posesión una sola página de información clasificada del gobierno aún cuando éste había logrado obtener más de 20 000 páginas de correspondencia entre ellos y Cuba. Además, la revisión de esa correspondencia estuvo a cargo de uno de los oficiales militares de mayor graduación que en el Pentágono se ocupa de las cuestiones de inteligencia , quien admitió al preguntársele que no recordaba haber visto información sobre defensa nacional alguna. Según estipula la ley, para demostrar el delito de espionaje debe existir información sobre defensa nacional.
Más bien, el único hecho en que se basó la acusación fue que uno de los Cinco, Antonio Guerrero, trabajaba en un taller de fundición en la base de entrenamiento naval de Boca Chica en el sur de la Florida. La base estaba totalmente abierta al público e incluso contaba con un área de observación para que los visitantes pudieran fotografiar los aviones en la pista. Mientras trabajaba allí, Antonio Guerrero nunca solicitó un pase de seguridad, tuvo acceso a zonas restringidas ni nunca intentó entrar a alguna de ellas. Lo cierto es que durante los dos años anteriores a su detención en que el FBI lo estuvo vigilando, ninguno de los agentes notificó algo acerca de un solo acto de mala conducta de su parte.
Lejos de constituir prueba incriminatoria para la acusación, la defensa utilizó los documentos incautados a los acusados para demostrar la naturaleza no criminal de las actividades de Guerrero en la base. Su misión era descubrir y comunicar la información o los indicios que denotaran los preparativos de una agresión militar contra Cuba sobre la base de lo que él pudiera ver mediante la observación de actividades públicas abiertas. Esto incluía información visible para cualquier miembro del público: el ir y venir de aeronaves. Él también recortaba artículos de la prensa local que informaran sobre las unidades militares allí ubicadas.
Ex altos oficiales militares y de seguridad estadounidenses de alta graduación atestiguaron que Cuba no constituye una amenaza militar para los Estados Unidos, que no existe ninguna información militar útil que se pueda obtener en Boca Chica y que “el interés de Cuba en obtener el tipo de información presentada en el juicio era para averiguar si realmente estábamos preparando una acción armada contra ellos”.
La información que generalmente está al alcance del público no puede formar parte de una acusación de espionaje. Una vez más, el general Clapper, cuando se le preguntó “¿Estaría usted de acuerdo en que una fuente abierta de información no es espionaje?”, respondió: “Eso es correcto”. No obstante, después de escuchar el argumento altamente inapropiado de la fiscalía, reiterado tres veces, de que los cinco cubanos estaban en este país “con el propósito de destruir a los Estados Unidos”, el jurado, más influenciado por la pasión, que por la ley y la evidencia, los condenó.
La segunda acusación de conspiración se sumó siete meses después de la primera. Planteaba que uno de los Cinco, Gerardo Hernández, estaba conspirando con otros funcionarios cubanos no acusados para derribar dos avionetas piloteadas por exiliados cubanos desde Miami en el momento en que estas entraran en el espacio aéreo cubano. Aviones Mig cubanos interceptaron y ocasionaron la muerte a cuatro de los que iban a bordo. Hernández, quien había logrado infiltrarse en el grupo que envió las avionetas, no fue acusado de pasar información a los cubanos sobre la ruta y misión de los vuelos, sino por formar parte de una conspiración para derribar las avionetas.
La acusación admitió que no tenía evidencia alguna de que existiera un supuesto acuerdo entre Gerardo y los oficiales cubanos sobre el derribo o no de los aviones o sobre dónde y cómo había que derribarlos. La única evidencia que tenían era que a Gerardo se lke dijo que no volara en ese fin de semana cuando tuvo lugar el derribo. Eso, por supuesto, no constituye conocimiento por parte de Gerardo de que habría un derribo; y, en cualquier caso, ciertamente no satisface los requerimientos de la ley de que un acuerdo debe ser probado más allá de una duda razonable. Al final del juicio el gobierno admitió en documentos de la corte que enfrentaba un “obstáculo infranqueable” para probar su caso contra Gerardo. No obstante, el jurado lo halló culpable de ese falso cargo.
El caso de los Cinco es uno de los pocos casos en la jurisprudencia estadounidense que implica injusticia dentro y fuera del país. Como en juicio de los Documentos del Pentágono sobre la guerra de Viet Nam, es consecuencia de una errada política exterior que la misma pone en evidencia. Con el objetivo de lograr un fin político, el sistema penal fue manipulado por los acusadores, quienes violaron implacablemente las disposiciones legales.
Los Cinco no fueron enjuiciados por violar la ley estadounidense, sino porque su trabajo sacó a la luz a los que sí lo hacían. Al infiltrarse en la red de terrorismo que se permite que exista en la Florida, demostraron la hipocresía de la tan aclamada oposición de los Estados Unidos al terrorismo.
